El pool eléctrico acumula caídas del 58% desde diciembre sin que el consumidor se beneficie, según JGB

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El mercado mayorista de electricidad, conocido como ‘pool’, acumula caídas del 58% entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 provocadas “por la mayor producción renovable”, de las que el consumidor no ha podido aún beneficiarse, según el fundador de la Oficina JGB, Javier García Breva.

García Breva realizó esta consideración durante la presentación del informe IPM ‘Seguridad Jurídica en Renovables’, en la que reclamó una hoja de ruta para el sector energético hasta 2030 y lamentó el “sobreprecio” que pagan los consumidores de la luz en el recibo.

El nuevo mecanismo de revisión de precios de electricidad, que será abordado en el Consejo de Ministros de mañana, incluye una refacturación que compensará a los consumidores en caso de que el precio del ‘pool’ del trimestre sea inferior al fijado por el Gobierno, como ha ocurrido.

“El precio intervenido por el Ministerio de Industria es un 47% superior al precio de mercado” y “esto significa que el consumidor está pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz”, recordó el exdirector general del IDAE y presidente de N2E.

García Breva defendió la participación de las renovables en el sistema eléctrico y señaló además que, en los últimos ocho años, por cada euro que han costado las primas de las renovables el mercado se ha ahorrado 1,2 euros.

La reforma energética, indicó el experto, “es un caos” ante la inexistencia de una estrategia energética a medio y largo plazo, hasta el punto de que “la inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio son el método que determina la modificación de las normas sin un horizonte claro”.

Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo y coautor del informe IPM, José Antonio Martín Pallín, consideró que “la energía es más que un producto de mercado, es un bien básico, estratégico, y un sector que afecta a la protección social de las familias y a los derechos de la persona”.

Para Martín Pallín, el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta estos principios constitucionales, por lo que se mostró partidario de “intentar modificar la jurisprudencia del Supremo entendiendo que cuando se cercena la seguridad jurídica o se frustran expectativas reconocidas por la ley, se deben aplicar compensaciones e incluso el Estado legislador debe responder de sus errores, como se ha demostrado recientemente en la sentencia de Tribunal Europeo de Justicia sobre el ‘céntimo sanitario’”.

fuente:europapress.es