Anfac denuncia ante la CE la prohibición de circulación a los vehículos de combustión en Baleares

La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern balear que prohíbe la circulación de los vehículos de combustión en la región.

Según ha informado la asociación en un comunicado, esta norma, en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.

Yendo aún más allá, a partir de 2035, se prohibirá la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Solo lo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.

Ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las Islas podrán vender vehículos de nuevas tecnologías como sí pueden hacer los sitos en la Península, con el consiguiente impacto económico.

La Asociación entiende, en sus escritos dirigidos a estas autoridades, que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”.

La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de Baleares.

“La prohibición incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, han afirmado en la denuncia.

Procedimiento por infracción

Por ello, la Anfac ha solicitado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la Unión Europea y, en caso de que se mantenga la vigencia de la aprobación, que se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición.

Además, se ha solicitado al Consejo de Unidad de Mercado que proponga la adopción de medidas necesarias para evitar la entrada en vigor de la prohibición.

Según la asociación, el proyecto de Ley de Cambio Climático balear propone una prohibición de circulación que va “mucho más allá” de las propuestas marco de la Comisión Europea. El enfoque de la Comisión, en este sentido, “apuesta por descarbonizar la economía de la Unión Europea desde un punto de vista amplio y con la contribución de todos los sectores”.

Así, se proponen una serie de medidas que incluyen inversiones en tecnologías alternativas, “ayudas a los sectores más afectados y aumento y mejora de las redes públicas de transporte”.

La Unión Europea apuesta por fijar una senda hacia la descarbonización en 2050 que incluye “estrategias de impulso y no prohibiciones”. Los comisarios y parlamentarios europeos se han manifestado, además, en varias ocasiones, en contra de las prohibiciones taxativas, en el sentido de que “la reducción de emisiones no significa que se deba sacrificar los medios de vida de los europeos”.

Efectos graves

Finalmente, desde la Anfac han asegurado que “el anuncio de la tramitación del proyecto de Ley ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en Baleares”, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%.

“Esta medida supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa Comunidad Autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular”, han concluido.