El Gobierno contrata al bufete sueco Vinge para recurrir el laudo perdido con Foresight y Greentech por el hachazo renovable

El Gobierno acaba de contratar los servicios del bufete de abogados sueco Vinge para recurrir ante la justicia de ese país el laudo perdido a favor de los inversores Foresight, Greentech y GWM ante el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo el pasado mes de noviembre.

El Gobierno abrió un proceso de contratación, a través del IDAE, en el que se presentaron únicamente dos despachos de abogados suecos. La oferta más barata se llevaría el contrato y Vinge, que podía haber estirado el contrato hasta los 1,2 millones de euros, ofertó unos servicios de 425.000 euros. El otro bufete presentó una oferta por 726.000 euros, impuestos incluidos.

El contrato consiste en “la Asistencia Jurídica para la Realización de un Asesoramiento Especializado en Apoyo a la Defensa del Reino de España ante los Tribunales de Suecia en el Proceso de Anulación del Laudo Arbitral Dictado en el Procedimiento Arbitral Foresight Luxembourg Solar 1 S.À.R.L., Foresight Luxembourg Solar 2 S.À.R.L., Greentech Energy Systems A/S, Gwm Renewable Energy I S.P.A. y Gwm Renewable Energy II S.P.A. contra el Reino de España (Scc No. V 2015/150)”.

El pasado noviembre, la firma danesa Athena confirmó a través de un comunicado su victoria en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo. Dentro de esta firma están las empresas anteriormente mencionadas que decidieron invertir en renovables en España. Concretamente, estos inversores instalaron 6,7 MW de fotovoltaica.

Los cambios que se hicieron en la normativa afectaron negativamente al valor de la inversión que habían hecho en años anteriores en plantas solares e infringieron el artículo 10 de la Carta de la Energía sobre promoción, protección y trato de las inversiones.

Finalmente, el laudo fue a favor de los inversores y obligaron a España a indemnizar a estas empresas con 11 millones de euros.

Otros laudos perdidos

n mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y en mayo ya de 2018 ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Masdar ha acudido también ante los tribunales de Columbia (EEUU) para que se ejecute ese laudo al no haber dado cumplimiento España de forma voluntaria a los citados laudos del Ciadi.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida.

Asimismo, en junio de este año el Ciadi dictó un laudo arbitral que obliga a España pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte de las primas a las renovables.

Algunos de los arbitrajes podrían verse en cuestión después de que la CE considerara en julio ilegales los mecanismos de arbitraje entre estados miembros, aunque representantes de inversores que han acudido a arbitrajes internacionales por el cambio en el sistema de primas a las renovables en España consideran que la comunicación que la Comisión emitió en ese sentido no es ningún “instrumento jurídico vinculante”.

La comunicación de la CE señala que los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esas bases y renunciar a aplicarlo.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó en agosto pasado que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros.