Algo pasa en Vandellós: los juzgados de Reus abren diligencias penales contra la central nuclear

A la central nuclear de Vandellós le pasa como al perro flaco. Después de un año complicado en el que ha tenido que parar en cuatro ocasiones, sin incluir la parada por recarga, ahora una asociación de Tarragona, Sociedad Humana, formada por abogados ambientalistas y de derechos humanos, ha conseguido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus haya abierto diligencias penales contra Vandellós II.

“Nosotros presentamos la denuncia a raíz de lo que ocurrió en febrero de 2018, cuando se detectó una fuga en la barrera de presión, y pese a que el reglamento obliga a parar la central en un plazo de 30 horas, estuvo funcionando hasta 17 días”, explica a este diario Oscar Cabrera, abogado de la asociación, “según sabemos, había una fuga pero no se sabía dónde estaba, para aquellos que no sepan la trascendencia de este incidente, la barrera de presión es esencial para el funcionamiento de la central, es parte fundamental de la refrigeración del núcleo. Si no funciona, puede provocar un sobrecalentamiento del combustible, derretir el núcleo y desencadenar un accidente, lo que significa liberar material radiactivo a la atmósfera”.

Reconoce Cabrera que para llegar hasta ese punto crítico tendría que agravarse mucho la incidencia, pero aún así, “el hecho de que estuvieran 17 días en vez de 30 horas operando sin atender a lo establecido en sus especificaciones técnicas de funcionamiento así como la no exigencia por parte del regulador al titular de una investigación inmediata de lo que estaba ocurriendo y la consiguiente parada que debía haberse producido a continuación, como marca la normativa, hizo que presentáramos una denuncia en los juzgados por negligencia e imprudencia grave” en abril del año pasado.

“El año que han tardado los juzgados en decidir abrir diligencias penales es un periodo normal si se tiene en cuenta que cuando Fiscalía admitió a trámite la solicitud de diligencias, se espera agotar el plazo hasta los seis meses, se piden pruebas periciales a la Guardia Civil, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y al titular de la explotación para acreditar la realidad de los hechos objeto de denuncia”, continúa el abogado, “pero lo que ha ocurrido es que la justicia ve indicios de delito y por eso se abren unas diligencias previas y se da instrucción para investigar”.

A partir de ahora, solo queda esperar. “No sabemos el plazo que necesitará este Juzgado, pero si entiende que no hay delito, archivará el caso, y si entiende que sí, habrá un juicio donde se decidirá si hay responsabilidad penal”, explica, “y si es así, se deberá decidir quién es el responsable penal a título personal porque la justicia así lo determina, si el director de la central u otra persona que tuviera la potestad de decidir parar o no la planta, y después saber si es condenatoria. Para la central habría una responsabilidad económica“.

La decisión judicial es especialmente importante en un año en el que la energía nuclear se la mira con lupa, y esta central no se escapa del escrutinio.

Más aún cuando en estos días ha sufrido una nueva parada de forma automática por una señal errónea de bajo nivel de agua, según ha comunicado al CSN y aunque fuentes de ANAV, la Asociación Nuclear que gestiona la central, señalan a El Periódico de la Energía que “la central paró hace cuatro días pero que ahora está en proceso de vuelta a la red”,según publican en tiempo real en su página web los datos de operación, aún no lo ha hecho. Respecto a la denuncia de Sociedad Humana, han preferido mantenerse al margen.

El reactor de Vandellós II se para de forma automática por una señal errónea de bajo nivel de agua

Quiénes si se han hecho eco de la decisión judicial han sido las asociaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, que han reclamado la restitución de los reglamentos y los protocolos de seguridad nuclear, y han advertido que los problemas derivados del paso de los años en las centrales nucleares son muchos, entre ellos el envejecimiento físico de los sistemas, de las estructuras y de los componentes que van en paralelo al envejecimiento tecnológico y conceptual, ya que los reactores existentes solo permiten una implementación limitada de las nuevas tecnologías y los conceptos de seguridad.

También se ha manifestado el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) que pide que “ante todo este cúmulo de incidentes el CSN debería dar una explicación completa de lo que está sucediendo en Vandellos II, así como una valoración del estado de seguridad de la instalación y si son necesarias nuevas medidas de seguridad”.

La central, situada en L`Hospitalet del Infant (Tarragona), fue puesta en marcha en agosto de 1987 y su actual licencia caduca el 26 de julio de 2020. Actualmente se encuentra en trámite de solicitar una ampliación de su licencia de explotación, ya que las compañías propietarias, Endesa (72%) e Iberdrola (28%), solicitarán la renovación por un plazo de 10 años, hasta julio de 2030.