El Gobierno se arrodilla ante Alcoa: más ayudas para calmar los ánimos tras el fracaso del Estatuto Electrointensivo

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha garantizado este viernes en Oviedo que las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 se elevarán a los 200 millones de euros y que se aprobarán por el Gobierno en funciones las próximas semanas o por el nuevo Ejecutivo si logra una mayoría suficiente para constituirse rápidamente.

Blanco se ha reunido en Oviedo con representantes del comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés (Asturias) para dar cuenta del compromiso anunciado después de que el Consejo de Ministros de hoy no aprobase el nuevo estatuto comprometido por el actual Ejecutivo para paliar el efecto de la factura eléctrica en las grandes industrias.

Esta cantidad supone un incremento de casi 110 millones de euros respecto a los que se habían previsto inicialmente destinar a abaratar los costes energéticos de las empresas electrointensivas como Alcoa a través de la compensación de costes indirectos de gases de efecto invernadero.

La directiva comunitaria permite destinar a rebajar el coste de la electricidad de la industria un máximo del 25 % de los ingresos obtenidos por las derechos de emisiones de CO2, lo que en España se traduciría este año en unos 235 millones.

A pesar de no llegar a ese tope, los sindicatos de Alcoa han mostrado hoy su satisfacción por el incremento comprometido para rebajar la factura eléctrica de estas grandes industrias.

Gobierno del Principado y sindicatos llevaban reclamando desde hace tiempo que se elevasen hasta el entorno de los 250 millones de euros las ayudas derivadas de esa medida, que cuenta con todo el respaldo comunitario.

De hecho, algunos sindicalistas asistentes a la reunión con el secretario general han señalado que este compromiso mejora sustancialmente todo lo previsto en ese estatuto.

El presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, se ha mostrado “bastante satisfecho” con el compromiso del Gobierno, que el próximo 6 de mayo les comunicará la fecha concreta de aprobación de la ayuda o, en su defecto, firmará un documento comprometiéndose a hacerlo.

Tras señalar que esto no es suficiente para salvar las factorías de Alcoa amenazadas de cierre, sí que ha incidido en que se trata de un paso importante para conseguir ese objetivo, un paso que, en su opinión, se ha visto favorecido por la cercanía de las elecciones del 28 de abril.

Blanco, por su parte, ha insistido en que este compromiso se llevará a cabo “estando el Gobierno incluso en funciones” y que de forma paralela se seguirá trabajando para la aprobación definitiva del estatuto de consumidores electrointensivos con el fin de conseguir una “pronta aprobación”.

La rebaja del coste energético es un factor decisivo a la hora de encontrar antes del 30 de junio un inversor para las plantas que Alcoa ha cerrado en Avilés y A Coruña.