Si la luz es cara, ¡bajadle los impuestos!

Si hay un hecho comúnmente aceptado por todos es que la electricidad es muy cara. Personalmente entiendo que, cuando uno lo mira desde la prudencial distancia, debe cuestionar ese mantra. Si lo piensan bien, la electricidad se sitúa en la base de nuestro nivel de vida. Lo escribía el otro día, es una de las cosas que nos hace la vida mucho más cómoda y agradable, lo que nos permite estar confortablemente al abrigo de la calefacción en invierno, calentar agua para bañarnos, cocinar, mantener los alimentos en perfecto estado en nuestras neveras, nos permite estar fresquitos en los 43 grados de Sevilla, nos permite también tener internet, ordenadores, televisiones, teléfonos móviles… la lista sería infinita. Y esto, la posibilidad de tener todo esto en nuestras casas nos cuesta del orden de 3 euros al día. Es un hecho. Compárenlo con otras cosas en las que diariamente se gastan más. Juzguen ustedes si es caro o barato, pero yo pagaría sin dudar mucho más por todo ello.

Ahora bien, esto no quita que la electricidad, en realidad, pudiera ser mucho más barata de lo que actualmente es. Que no sea cara en términos absolutos no implica que no lo sea en términos relativos y que tengamos que permanecer callados ante los atropellos con los que los consumidores nos hemos visto agraviados en los últimos años. Estos atropellos, como digo, han conseguido que el precio de la electricidad en España se sitúe en el cuarto puesto más alto de la Europa de los 28, tras Dinamarca, Alemania y Bélgica.

Hemos hablado en muchas ocasiones de las causas que han originado los altos precios de la electricidad que hoy “disfrutamos”. No es el objeto de este artículo volver sobre ellas, tal vez en otra ocasión. Lo que sí podemos afirmar, de manera rotunda, es que el recibo de la luz en España incorpora toda una serie de conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de producir electricidad y llevarla hasta nuestras casas. El recibo de la luz ha sido utilizado por los gobiernos que han pasado por nuestro país como un cajón de sastre con fines electoralistas donde iban arrojando sus medidas populistas, cada uno las suyas.

Pero hay otro hecho más indiscutible y que origina un aumento en el precio de la electricidad superior al 25%. Se trata de la elevada carga impositiva, la deleznable realidad que supone que el estado utilice un bien de primera necesidad (de necesidad primordial diría yo) con un afán recaudatorio. Que la electricidad tenga unos impuestos de ese calibre es una demostración más de la insaciable rapacidad del estado a la hora de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Y es que los contribuyentes somos víctimas de un sinfín de impuestos y tasas de los que también hablaremos otro día, pero hay dos que son especialmente sangrantes. A saber, el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA.

El primero de ellos, el impuesto especial sobre la electricidad, se implantó en la primera legislatura de Aznar, en el año 1997 y su objetivo se justificó en la Exposición de Motivos de la Ley 66/1997 como “la obtención de los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo sobre la facturación de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón” (las negritas son mías). Es decir, un impuesto político que nos calzaron para alargar la agonía y retrasar el inevitable fin de la minería del carbón, caracterizada por una baja productividad y un carbón de mala calidad incapaz de competir con los carbones rusos, indonesios o sudafricanos. Este impuesto asciende al 5,1127% y se le aplica tanto al término de consumo como al término de energía de la factura. Posteriormente, el estado realizó una cesión de este impuesto a las comunidades autónomas y, desde entonces, el 100% de lo recaudado se lo queda la comunidad autónoma que lo recauda. Estamos hablando, en total, de unos 1.700 millones de euros al año.

El segundo de ellos, el IVA, se implantó en la tercera legislatura de Felipe González a través de la Ley 37/1992 que reza en su artículo 1 “[el IVA] grava la entrega de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales” (las negritas también son mías). Volveremos sobre esto en un instante. Ahora bien, en España la electricidad tiene un tipo de IVA del 21% cuando no admite discusión que se trata de un bien de primera necesidad. La luz no debería tener IVA alguno y, si lo tuviera, debería ser el tipo reducido del 4% (tipo que sí tienen, por ejemplo, los libros que escriben -o publican- nuestros ínclitos y celebérrimos líderes políticos). De hecho, países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido tienen tipos de IVA menores al nuestro.

Y por si esto no fuera suficiente, lo que es del todo inmoral es que en la factura de la luz se aplique también el 21% de IVA al impuesto de la electricidad. Sí amigos, un impuesto que tributa sobre otro impuesto. Como decíamos en el párrafo anterior, si el IVA grava la entrega de bienes o la prestación de servicios, ¿alguien me puede explicar qué clase de bien o servicio es un impuesto para decidir aplicarle el IVA? ¿Qué valor añadido nos aporta un impuesto, para grabarlo con IVA? Se estarán preguntando ustedes si esto es legal. Obviamente lo es porque ya se ha encargado el aparato del estado de que así sea a través del artículo 78.14 de la ley de IVA. Ya saben, el que tiene el BOE tiene el poder de hacer legal cualquier aberración.

La realidad es que la tarifa eléctrica es un pozo de los tesoros del que el estado obtiene cada año más de 8.500 millones de euros entre IVA e impuesto de la electricidad. Una perita en dulce a la que es difícil que ningún político intervencionista renuncie. De hecho, se da la perversa situación que cuantos más costes se metan en el sistema eléctrico, más recaudará el estado a través de los impuestos que también graban esos costes fijos (no solo el consumo). Es decir, el estado infla los costes del sistema a través de decisiones políticas y luego se queda la recaudación de los impuestos sobre esos costes que él mismo ha inflado. Sencillamente magnífico.

Que la electricidad tenga más IVA que un hotel de lujo, un restaurante con estrella Michelin o un vuelo a las Maldivas no tiene nombre se mire por donde se mire. Por ello, cuando les digan que la luz es cara, que la competitividad de la industria se ve mermada, que las empresas se deslocalizan, que hay pobreza energética o que tenemos una de las facturas más caras de Europa no olviden que el estado, con la electricidad, se mete en el bolsillo más dinero que las “eléctricas del oligopolio” y que, entre impuestos y primas a las energías renovables, nos inflan el recibo con más de 15.000 millones de euros al año. Para que pongan las cosas en perspectiva cuando les digan que la solución a todo esto es crear una eléctrica pública, lo que nos faltaba ya.

Manuel Fernández Ordóñez es Doctor en Física Nuclear y analista del mercado eléctrico.