Quim Torra desoye al Parlamento catalán y estira otros tres meses más la derogación del decreto que frena las renovables en Cataluña

Cataluña se está quedando a la cola de la generación con energías renovables en España. Y parece que no le importa mucho. Es cierto que ahora tiene otros problemas más importantes que resolver, pero el Govern que dirige Quim Torra, de momento, no tiene tiempo para abordar la lucha contra el cambio climático.

El pasado 25 de octubre se finalizaba el plazo para que el Govern derogara el Decreto 147/2009 que obstaculiza el desarrollo de energías renovables en la región. Tres meses antes, el Parlamento catalán aprobó en su mayoría este mandato, pero el Govern de Quim Torra ha hecho oídos sordos.

Lleva Cataluña 10 años totalmente paralizada sin prácticamente instalar un megavatio de energías renovables y parece no haber mucha prisa. Ahora, el Parlament, ante la negativa del Ejecutivo regional de poner en marcha este sector, ha vuelto a dar otros tres meses al Govern para que derogue este Decreto.

Y lo ha hecho a través de una moción en la que el Parlamento catalán ha declarado la emergencia climática en Cataluña.

Así se puede leer:

Es en el punto 4 donde dice que le vuelve a dar otros tres meses para presentar el decreto ley que tumbe el Decreto 147/2009 y así poder ponerse en marcha el sector renovable en la región.

Cataluña, según su ley de cambio climático, se ha comprometido a tener un 50% de renovables para 2030 y para ello necesita instalar unos 10 GW, 4.000 MW de eólica y unos 6.000 MW de fotovoltaica. Pero incluso con esta aportación no cumpliría con el objetivo de reducción de emisiones.

Y más si quiere ‘desnuclearizar’ Cataluña como reza en el documento. Aunque diga eso y que apuesta por un consumo 100% renovable en a región, la decisión sobre la continuidad o no de las centrales nucleares recae en el Estado y no en el Gobierno autonómico de turno. Es un brindis al sol lo que dice entonces.

Además, como se puede ver en el punto 5, el Parlamento quiere crear un nuevo impuesto al CO2 que grave las actividades económicas que aumenten los gases de efecto invernadero y comenzar a recaudar en el ejercicio 2021.