El Gobierno propone la creación de un Comité de Expertos para evaluar la transición energética a semejanza del de Reino Unido

Con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética aparecerá una nueva figura que ya existe en otros países. Se trata del Comité de Cambio Climático y Transición Energética, que según señala el artículo 34 del borrador del anteproyecto, será «un órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas».

Entre sus funciones se incluirá la elaboración anual de «un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno».

Pese a que podría duplicar el cometido del actual Consejo Asesor de Medio Ambiente, a los representantes de los principales grupos ecologistas les parece muy positivo. «La fórmula elegida para intentar garantizar la independencia del Comité y sus miembros, en su nombramiento y en el ejercicio de sus funciones es muy positiva» señalan fuentes del Consejo Asesor, «se reconoce que existe en la actualidad una gran preocupación social sobre el nombramiento y actuación de los organismos independientes y por ello, se insiste en las máximas garantías al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de influencia partidista. En consecuencia, en cuanto al marco de independencia (Artículo 33.2), es imprescindible que las garantías incluyen la independencia de cualquier interés de un partido político u organización asociada».

Por eso, han recomendado que para mejorar la Ley de Cambio Climático, «que el papel consultivo y asesor del Comité se debería especificar y detallar más, para dejar claro la obligación del Gobierno de consultar el Comité y valorar motivadamente su opinión en varias circunstancias, en particular antes de: revisar los objetivos del Artículo 3 (Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética); aprobar o revisar el PNIEC o adoptar las medidas asociadas y aprobar o revisar la Estrategia de Bajas Emisiones y preparar el informe anual al Congreso; desarrollar nuevos instrumentos para el fomento de la energía renovable y actualizar o modificar la planificación eléctrica».

También señalan que este Comité debería poder valorar «el PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático) y sus correspondientes programas de trabajo y planes sectoriales; poder elaborar informes periódicos sobre riesgos climáticos y adaptación y decidir sobre su periodicidad; determinar necesidades presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado y en los autonómicos; adoptar una estrategia de financiación climática internacional y en el seguimiento de los compromisos e impactos asociado; y revisar la normativa y tomar determinadas decisiones en materia de eficiencia energética entre otros ejemplos».

Por eso piden que esa figura «debería contar con un secretariado técnico, con presupuesto suficiente para encargar estudios y cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de las funciones del Comité y su secretariado».

El Comité sobre Cambio Climático (CCC) británico es un organismo independiente, establecido por la Ley de Cambio Climático de 2008, y su propósito es el asesoramiento al gobierno y a las administraciones delegadas sobre los objetivos de emisiones e informar al Parlamento sobre el progreso realizado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la preparación para el cambio climático. Está formado por expertos en cambio climático, economistas, científicos, ingenieros y representantes del sector empresarial.

«El objetivo es que ese Comité será independiente, similar al británico, con recursos para poder hacer bien su trabajo y que su valoración se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas», señala José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, «y es necesario porque estamos en un contexto de eclosión de las energías renovables en todo el mundo, no ya por una cuestión ambiental sino por razones puramente económicas y de competitividad. España debe aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de CO2. Mientras en Bruselas se está debatiendo aumentar hasta el 55% sus objetivos de 2030 respecto a 1990, en esta Ley el gobierno solo ambiciona el 20%».

«No todo en la transición energética va a venir de los proyectos renovables más clásicos. También habrá que contar con más autoconsumo, más generación distribuida, la incorporación de los agregadores de la demanda o la eficiencia energética en la mayoría de los sectores económicos», añade García Ortega, «por tanto, los objetivos en reducción de emisiones y en generación renovable pueden ser mucho más ambiciosos que los propuestos por el actual Gobierno».