KPMG ve en la Ley de Cambio Climático un salto cualitativo en materia de política energética

El socio responsable de Energía de KPMG, Alberto Martín, considera que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado este martes por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, representa «un salto cualitativo» en materia de política energética en España.

En concreto, Martín estima que el texto no solo fija un plan de soporte para el Plan de Energía y Clima para 2030, «sino que establece ya objetivos a más largo plazo, a 2050, con esa idea de que España tiene que ser un país neutro en emisiones de carbono».

Además, subraya que el proyecto de Ley, que deberá ahora ser refrendada en el Congreso de los Diputados por los grupos políticos, «va más allá» de establecer la transición energética en el sector eléctrico y empieza a fijar ya objetivos en el sector del transporte, donde también representa «un salto cualitativo».

A este respecto, valora que se recogen tres tipos de medidas que tiene «un impacto muy relevante» para el sector, entre las que destaca la obligación para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de establecer zonas de bajas emisiones en el municipio.

Además, destaca que se obliga a que todos los edificios nuevos, las gasolineras nuevas o las de cierto tamaño van a tener que establecer puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como que todos los vehículos ligeros turismos o camionetas ligeras que se vendan en España a partir de 2040 «van a tener que ser cero emisiones».

En lo que se refiere al sector eléctrico, el socio responsable de Energía de KPMG indica que el proyecto de Ley también introduce «novedades importantes», ya que no solamente le da una base legal al Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y a sus objetivos a 2030, sino que «ya establece un objetivo más ambicioso a 2050 que es la plena descarbonización de la producción eléctrica».

Para ello, subraya que pone en marcha dos mecanismos que tienen «una particular importancia», como son las subastas anuales de proyectos renovables y los convenios de transición justa que buscan que la capacidad excedentaria de conexión a la red que va a quedar libre por el cierre de centrales térmicas y, en particular, por el cierre de centrales de carbón se asignen a aquellos proyectos que tengan «un mejor impacto social y de empleo a nivel local de esas comarcas».