La UE aprueba los primeros criterios para evitar los ‘greenwashing’ de la empresas

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo para crear los primeros criterios europeos para identificar qué inversiones pueden ser consideradas como ‘verdes’ y para combatir el llamado ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico, es decir, que se anuncien como sostenibles actividades económicas que en realidad no lo son.

La llamada ‘taxonomía verde’ establece seis objetivos medioambientales que deben ser considerados al evaluar si una actividad es sostenible. Se trata de la mitigación y la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad.

De este modo, para que una actividad sea considerada como sostenible para el medio ambiente debe contribuir «sustancialmente» al menos a uno de los anteriores objetivos y no causar un prejuicio a ninguno de ellos.

Sin embargo, la nueva norma no recoge una lista ‘negra’ de tecnologías o sectores dañinos para el medio ambiente más allá de combustibles fósiles como el carbón, por lo que la producción de gas y energía nuclear no están específicamente excluidas.

Esto supone que ambas actividades podrían ser etiquetadas como una actividad «de transición o facilitadora» que cumple «totalmente» con el objetivo de no producir un daño «significativo» sobre el medio ambiente, con la salvedad de que no podrán perjudicar el desarrollo de otras bajas en carbón ni contribuir a la perpetuación de las tecnologías basadas en el uso intensivo del carbón.

Además, la Comisión Europea podrá actualizar de manera regular los criterios técnicos para definir las actividades de transición o facilitadoras y queda encargada de revisar de aquí a diciembre de 2021 los criterios generales y definir otros para identificar actividades que tengan un impacto negativo importante sobre la sostenibilidad.

Bruselas calcula que la UE necesita alrededor de 260.000 millones de euros anuales en inversión adicional para alcanzar sus objetivos climáticos y energéticos de 2030.