El urgente dilema nuclear de Bélgica

Como tantos otros países, Bélgica intenta cuadrar el círculo atómico: abandonar en 2025 la energía nuclear, que aporta el 50 % del «mix energético» belga, mientras acelera la reducción de emisiones de CO2. Y todo ello, sin encarecer la factura eléctrica de los hogares y la industria.

El reciente acuerdo de coalición de siete partidos socialistas, liberales, ecologistas y democristianos que ha permitido salir a Bélgica de casi dos años de bloqueo institucional recoge que «el calendario legal de la salida de nuclear será respetado, como estaba previsto», es decir, en 2025, tal y como prevé una ley de 2002.

Sin embargo, el pacto deja una puerta abierta a retrasar la jubilación de los reactores y señala que elaborará un estudio sobre seguridad energética en Bélgica. Si ese informe evidencia «un problema inesperado de seguridad de aprovisionamiento, el gobierno tomará las medidas adecuadas, como el ajuste del calendario legal».

Bélgica cuenta con siete reactores nucleares repartidos en dos centrales, Tihange (suroeste) y Doel (noreste) con una potencia de 2.900 y 3.000 megavatios eléctricos (MWe), respectivamente, que en 2019 generaron el 48,8 % de la electricidad del país.

Los tres reactores de Tihange y los cuatro de Doel se construyeron entre 1975 y 1985 y, salvo prolongaciones, se irán clausurando definitivamente entre 2022 y 2025.

La segunda fuente de electricidad en Bélgica es el gas (27 %), un combustible fósil que libera CO2, mientras que las renovables en torno al 17 %, siendo la eólica la fuente verde más importante, con un 5 % del total del «mix». Y el cierre de nucleares se compensaría con renovables y, sobre todo, con nuevas centrales de gas.

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El debate nuclear belga ha estado alimentado ya por sobresaltos, como las microfisuras detectadas desde 2012 en edificios anexos a varios de sus reactores que han llevado al país a detener durante años parte de su generación.

Y la controversia tiene visos de animarse aún más con el recién estrenado Gobierno, que cuenta con ministras ecologistas en las carteras de Energía y Medioambiente, Tinne Van der Straeten y Zakia Khattabi, respectivamente, quienes defienden que se mantenga la fecha de 2025 como límite.

Plataformas como Stop Nucleaire y organizaciones medioambientalistas como Greenpeace abogan por abandonar la energía atómica, mientras que las empresas que explotan las centrales nucleares, Engie y Electrabel, han trasladado al nuevo Ejecutivo liderado por el liberal Alexander De Croo que el objetivo de sustituir la energía renovable en un lustro no es «realista».

Piden una decisión antes de que termine el 2020 para poder planificar sus inversiones y compras de material a medio y largo plazo.

Un reciente estudio de investigadores de la universidades de Leuven y Hasselt junto con las firmas tecnológicas Vito e Imec, encargado por Engie, apunta que la energía renovable llegaría al 50 % de la producción eléctrica en 2030, e incluso al 66 % en el escenario más ambicioso. Prolongarlas ahorraría además 100 millones de euros, añade.

Pero sustituir los reactores atómicos por centrales de gas liberaría 25 megatones adicionales de CO2, un volumen de gases de efecto invernadero imposible de compensar en Bélgica, que tendría que intercambiarlo contra derechos de emisión en otros lugares de Europa si quiere cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

El estudio indica que dejar atrás la energía nuclear llevaría a Bélgica a registrar un pico de emisiones en 2026, en lugar de reducirlas, para aplanar después la curva y llegar a un nivel inferior al actual en 2030.

«La política energética y climática belga vive en una especie de realidad alternativa donde las cifras no cuentan en absoluto», resumía en un debate en «RTL» el profesor de Energía de la Universidad de Lieja Damien Ernst.

A este escenario se suma que el partido más votado del país y excluido de la coalición gubernamental, la nacionalista N-VA flamenca, es rotundamente contrario al cierre de las centrales, lo que augura fricciones parlamentarias en torno a una cuestión estratégica como la energía, la industria y el cambio climático.

Un sondeo del instituto demoscópico Kantar TNS publicado en octubre de 2019, y encargado por el «lobby» Forum Nucléaire, arrojaba que el 46 % de los belgas se decían favorables a prolongar la vida de las centrales, en alza frente al 30 % de un año antes.

Además, del 54 % contrario, el 70 % se decía abierto a revisar su posición si permitiera reducir las emisiones de CO2.

Mientras transcurre el debate, Bélgica continúa instalando paneles solares y turbinas «off shore» de generación eólica en el Mar del Norte, fuente que a final de año llegará a los 2,26 gigavatios de potencia instalada.

En paralelo, se estudia la creación de una planta en el puerto de Ostende para transformar la energía sobrante de los picos de generación que no puede ser almacenada en «hidrógeno verde» vía electrolisis, la primera del país.

Se espera esté operativa en 2025, tendrá una capacidad máxima de 300 megavatios al año y generaría unas 50.000 toneladas de hidrógeno y se sumaría a otros proyectos similares que aportarían entre 12 y 25 megavatios suplementarios.

 

Un reportaje de Javier Albisu para la Agencia EFE.