La patronal del vehículo eléctrico pide eliminar trabas burocráticas para alcanzar 100.000 puntos de recarga en cuatro años

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha asegurado que el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga para coches eléctricos en España «es factible», pero siempre que se eliminen las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga.

En un comunicado, la organización destacó la necesidad de que se resuelvan «las trabas administrativas» que actualmente lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras y de que se intensifique la cuantía de incentivos para su desarrollo, en línea con lo que se hace en otros países europeos.

Así, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, afirmó que el problema no radica en la industria ni en las empresas, «que están motivadas y dispuestas», sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga, un problema que, en su opinión, parte principalmente de las administraciones públicas, «que por otro lado son las que reclaman ese despliegue».

«El desarrollo de la movilidad eléctrica no se basa solo en las infraestructuras, sino también en la disponibilidad real de un portafolio amplio de modelos de vehículos eléctricos a precios asequibles y adaptados a todas las necesidades, algo en lo que también sigue trabajando la industria de automoción», afirmó.

El directivo explicó que los operadores participaron en el grupo de trabajo en el marco de Aedive, en el que se analizó la posibilidad de cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno, ante lo que se han identificado diferentes barreras, entre las que se encuentran los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras y los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

Por ello, desde Aedive solicitan que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, así como la validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, una ventanilla única para las administraciones, la declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 (kW), agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga y duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio.

Por otro lado, desde la organización también abogan por reducir los costes de inversión y de explotación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, con medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado, con un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, así como con un incremento del presupuesto del Plan Moves o facilitando líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa, entre otras.