España necesita bancos ‘verdes’

Solo el 5% de los aproximadamente 10 millones de edificios existentes en España (unos 26 millones de viviendas, 18 de los cuales son vivienda principal) está construido siguiendo los criterios del Código Técnico de la Edificación. El 10% del parque edificado necesita urgentemente acometer obras de conservación por su estado ruinoso o deficiente, el 50% de los edificios tiene problemas de accesibilidad y el 85% es claramente ineficiente energéticamente. La necesidad de acometer la Ola de renovación inmobiliaria –Renovation Wave– destinada a alcanzar la tasa de rehabilitación anual del 3% recomendada por la UE es acuciante. Una Ola en la que la partida para optimizar el consumo energético del parque edificado es clave, ya que los edificios causan el 36% de la emisión de gases de efecto invernadero; son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea.

La corriente de mejora medioambiental y lucha contra el cambio climático impulsada por el Plan de Recuperación para Europa de la Comisión Europea ayudará a impulsar el buen uso de la energía y reducir la pobreza energética a través de la mejora de la eficiencia del parque edificado. Pero no es suficiente. Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España entre 2021 y 2030 superan los 85.000 millones de euros, de los que más de 45.000 corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde NextGeneration EU, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.

En este contexto, la figura del Banco Verde es una herramienta clave como entidad independiente con un mandato nítidamente definido: reducir barreras y canalizar financiación privada para la lucha contra el cambio climático. Hay 27 bancos verdes operativos con éxito en países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón o Sudáfrica. En España se ha abierto el debate sobre el tema, pero aún no hay ninguno realmente en funcionamiento y es urgente avanzar porque permitiría canalizar capital público y privado hacia la renovación energética integral de edificios, facilitando la financiación a largo plazo de cada proyecto, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala, cubriendo el 100% del coste del proyecto.

Los proyectos de eficiencia energética entregan un conjunto de valor -capital ecológico hasta ahora invisible- que va más allá del mero ahorro en la factura. Es hora de articular sistemas que permitan monetizar tales beneficios, tanto a través de certificados de eficiencia energética, como derechos de CO2 o servicios de flexibilidad al sistema energético que incrementen el atractivo y la financiabilidad de estos proyectos. Un Banco Verde, promoviendo la innovación financiera, lograría multiplicar y acelerar el impacto de los fondos públicos y, sobre todo, canalizar la inversión privada para acelerar la transición hacia las energías limpias y una economía descarbonizada aprovechando la experiencia, flexibilidad y agilidad del mundo empresarial.

Más allá del capital ecológico, la Ola de renovación en la que enmarcamos esta propuesta de Banco Verde contribuirá a paliar la crisis económica provocada por la pandemia Covid-19 y a generar empleo. De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertido: entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año, según datos de la CEOE.

Algunos ejemplos en el entorno europeo muestran que los fondos públicos aportados para la rehabilitación edificatoria en eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Tomando como referencia estas ratios, y en el escenario más conservador, si entre el FNEE, el Plan de Vivienda y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000), en cuatro años se habría generado en España una actividad económica equivalente a 52.000 millones de euros, creado 832.000 puestos de trabajo, reducido los costes de desempleo en 7.600 millones de euros y logrado un retorno fiscal de 15.200 millones de euros.

Una de las propuestas que desde Greenward hemos elevado a la Administración Pública es la posibilidad de transformar en Green Bank el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dotándole de nuevas capacidades ejecutivas y aportaciones económicas. Si se destinaran al banco verde emergente las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros-, las nuevas aportaciones derivadas del ICO, de las líneas del Banco Europeo de Inversiones, de la participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU, los fondos podrían superar los 2.000 millones de euros.  Mediante la atracción del capital privado podría multiplicarse por cuatro cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

España necesita incorporar el modelo Green Bank. Estamos esperanzados en que los poderes públicos den pasos adelante porque los bancos verdes son una de las pocas herramientas capaces de poner al capital privado -como grandes fondos de inversión o de pensiones- a trabajar por el bien común codo con codo con los fondos públicos.

 

Eduardo Brunet es fundador y CEO de Greenward.